“El ahorro consiste en poner cuidado y escrúpulo al gastar los medios de que se disponen. No es una virtud” (Kant)
Un sistema organizativo de descentralización de competencias del estado a favor de un acercamiento de la administración al administrado es, en sí mismo, el objetivo deseado de cualquier ciudadano de cualquier país.
Pero para ello, el marco normativo que regule tales competencias debe ser lo suficientemente claro y rígido como para que no dé lugar a interpretaciones teleológicas endogámicas del que asume las competencias, en una clara quiebra del espíritu de la propia ley, que debería considerar esa actuación como de fraude de ley.
Hoy leemos que Andalucía sube el IRPF a las rentas superiores a 80.000 euros y Extremadura a las de 60.000, Asturias o Baleares a las de 100.000 y Cataluña a las de 120.000.(ver SOLUCIÓN A LA CUBANA)
Sin embargo, el fundamento jurídico de tal hecho acontece en la consideración del concepto de RENTA ALTA que los legisladores de cada autonomía en atribución de sus competencias determinan de forma arbitraria.
Si de la interpretación teleológica de la norma pudiera derivarse que dentro de un mismo estado de derecho, se discrimina a los individuos que lo componen en razón de su domicilio fiscal con detrimento y menoscabo de su patrimonio, como consecuencia del lugar geográfico donde tributen los rendimientos obtenidos con su trabajo, debería en buena lid aplicarse la figura delictiva del ámbito administrativo denominado FRAUDE DE LEY.
No es de extrañar, que ante el arrollador poder que han concentrado las autonomías en España, lo que debiera haberse conformado como una vertebración del estado en el marco de la prestación de servicios demandados por la colectividad haya derivado en una monstruosa máquina de creación de minireinos ávidos de liquidez para su perpetuo mantenimiento, desechando el objeto para lo que fue creado.
Es por esta razón, que cuando el gigante es visto como un ogro, es el momento de derribarlo. El estado de las autonomías, tal y como fue diseñado tenía un fin. Tal y como se ha desarrollado debe finalizar.
Posiblemente derribarlo lleve un tiempo. Pero su fin está claro que se acerca. Este es el principio. Con estos anuncios y otros parecidos, primero se va el capital (a un ritmo de 10.000 millones de euros mensuales), posteriormente se irá el capitalista. Y finalmente el ogro caerá. Se habrá llevado a muchos por delante, pero él no sobrevivirá.
Penalizar a los ahorradores por el simple hecho de NO haber cedido a las tentaciones a las que SI cedió el derrochador es, además de injusto, un abuso.
Y el abuso es también hijo del uso demasiado frecuente.
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