Una vez finalizado el famoso culebrón del ejercicio de transparencia realizado por parte de los diputados ( tanto regionales como nacionales) y senadores electos que tantas páginas de cotilleo han dado lugar, llega el momento para mí de expresar mi opinión a este respecto.
¿Que conseguimos los ciudadanos una vez finalizados estos trámites? No se los demás pero a mí me da que nada.
Ni me interesa el patrimonio de sus señorías, ni me interesa si están en gananciales o en régimen de separación de bienes, ni me interesa si tienen más o menos deudas.
Lo que me interesaría sería tener confianza en que realmente no están en política por su interés sino por el nuestro, es decir, no por unos cuantos euros si no por administrar, legislar y ejecutar acciones en favor de la mayoría y no en su sólo provecho.
Es por esto que voy a dar una idea para el futuro ahora que se presentan unas nuevas elecciones y los programas electorales acogen en sus textos las ideas más peregrinas.
Yo propongo que se cree una comisión independiente formada por el Defensor del Pueblo (así tendría algo que hacer), el Presidente del Senado; El presidente del Congreso , el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado o, en defecto de estos, sus representantes con plenos poderes, con el fin de examinar, en reunión secreta, los expedientes que resulten del cruce de datos entre los representantes políticos por designación electoral y sus familiares directos hasta la tercera generación.
¿Y qué datos cruzarán? , se preguntarán algunos. Pues muy sencillo.
Todos aquellos cuyos cargos sean ostentados en virtud de decisiones políticas, deberán entregar antes de acceder al cargo una lista a la citada comisión con los nombres y DNI de sus familiares directos, ascendientes y descendientes con sus respectivos cónyuges hasta la tercera generación.
¿Porque? Porque de esa forma quedarán registrados en las bases de datos de la Agencia Tributaria y del Registro Mercantil de forma que cuando uno de estos DNI aparezcan en operaciones financieras, inmobiliarias o empresariales sean especialmente observadas por la Agencia, informándose a la citada comisión en caso de duda acerca del objeto de dicha operación, y trasladando al cargo público su obligación de declarar su participación o no en dicha transacción.
Podrá parecer persecutorio, pero a fin de cuentas, "la mujer del César debe parecer honrada, no sólo serlo".
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